El posicionamiento de EEUU expresa pretender “una democracia saludable en Bolivia que respeta la constitución boliviana y la voluntad del pueblo boliviano”, así como “respeto a la independencia del poder judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión que son derechos fundamentales y pilares esenciales de la democracia y del estado de derecho.”

Las embajadas se ocupan de tareas específicas en los países receptores, donde son acogidas. Básicamente sus funciones se reducen a brindar a sus compatriotas servicios de trámites consulares, si poseen ese sector dentro de la embajada; así como generar negociaciones y promover las relaciones diplomáticas entre ambos estados y fomentar su crecimiento económico, cultural y científico.

Esta dirección no es la que estaría tomando el gobierno de EEUU en su actividad en Bolivia, al adjudicarse la atribución de tomar partida sobre lo que consideran en su propio beneficio y respondiendo a las políticas exteriores intervencionistas, que promueve el imperialismo estadounidense en el mundo, arrasando y colonizando violentamente los países que define como blancos de ataque.

Dos semanas atrás dicho gobierno ya se había declarado en contra del régimen del presidente Evo Morales, expresando intenciones de sanción por “falta de compromiso en acciones contra Trata de Personas y el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias”.