Sociedad
Sala Constitucional concede tutela solicitada por la Defensoría Pueblo sobre la calidad del agua
La calidad del agua es un tema de salud pública”, señaló el vocal Israel Campero en la parte resolutiva de la audiencia donde se dirimió la Acción Popular.
La Paz, 14 de octubre 2023
La Sala Constitucional concedió la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo, y determinó que IBMETRO, en un plazo de 72 horas hábiles, deberá brindar el nombre del laboratorio que pueda realizar los análisis sobre la calidad del agua que se distribuye en La Paz.
La instancia judicial, integrada por los vocales Israel Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, determinó dar curso a la solicitud defensorial referida a la realización de análisis, en laboratorios independientes, para verificar que el líquido elemento que se provee a los hogares paceños reúne las condiciones de calidad requeridas por la norma boliviana 512 sobre agua para el consumo humano.
“La calidad del agua es un tema de salud pública”, señaló el vocal Israel Campero en la parte resolutiva de la audiencia donde se dirimió la Acción Popular.
Las instituciones accionadas son: la Empresa Pública Social de Agua (EPSAS), Autoridad de Fiscalización y control de Aguas (AAPS), el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y el Viceministerio de Promoción y Vigilancia Epidemiológica.
El representante legal de la Defensoría del Pueblo, explicó ante los vocales de la Sala Constitucional Primera, que dos informes científicos, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), daban cuenta de la existencia de cadmio, y bacterias como la E. Coli y amebas en el líquido elemento que consumen los paceños.
Según se expuso en la audiencia dichos estudios fueron realizados en la represa de Hampaturi, por parte del GAMLP; y en diversos puntos dentro del sistema de distribución del recurso hídrico de EPSAS. Ambos reportes científicos hacen suponer que las autoridades de las instituciones accionadas no estarían cumpliendo sus funciones.
“Si dos instituciones nos dicen que las cosas no se están haciendo bien entonces apliquemos el principio precautorio, es decir necesitamos evidencia científica, pero de laboratorios independientes que no estén vinculados a las autoridades que están accionadas, porque necesitamos certezas. Si no tenemos esto, estamos ante una latente violación de derechos”, afirmó.
Por su parte, el jefe de la unidad de Pueblos Indígenas y la Madre Tierra explicó que “la Sala Constitucional primera determinó conceder la tutela solicitada lo que en otras palabras significa que se van a realizar nuevos exámenes laboratoriales para conocer la calidad del agua que se distribuye a los hogares en La Paz”.
Asimismo, la Sala Constitucional determinó que para cumplir estos estudios el Instituto Boliviano de Metología (IBMETRO), en el plazo de 72 horas hábiles, pueda acreditar a designar los laboratorios que se encarguen de estos estudios. Los gastos de los mismos deberán ser cubiertos por las entidades accionadas”.
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