Sociedad
Firman acuerdo para proteger a las víctimas de represión política
La Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad firmaron un convenio interinstitucional para promover acciones conjuntas y mecanismos de trabajo para lograr de manera efectiva el derecho a la verdad y justicia para las víctimas de la represión política y las dictaduras.
El convenio tendrá la vigencia un año, fue suscrito este 8 de abril, por la Defensora Nadia Cruz Tarifa y la presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, quienes se comprometieron, en el marco de sus mandatos, a coordinar e implementar una agenda temática de interés conjuntos con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados.
Según el acuerdo, el trabajo que se desarrollará en la búsqueda de la efectivización del derecho a la verdad y justicia, abarcará a los casos de víctimas de la represión política registrados entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982; además, se propondrán políticas públicas para cumplir este objetivo, en el marco de la Ley 879 de Creación de la Comisión de la Verdad.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que este convenio se constituye en un aporte muy importante al trabajo que se realiza para recuperar la memoria histórica, en ese sentido, las 17 oficinas de la Defensoría del Pueblo serán dispuestas para la toma de testimonios y la difusión de material sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad que, según dijo, requiere ser fortalecida desde todas las instancias estatales a nivel de presupuesto y plazos para que pueda cumplir con su objetivo.
Por su parte, Nila Heredia destacó el convenio suscrito como un aporte al trabajo que lleva adelante que no es solamente la recuperación de la memoria histórica, sino “es recuperar el derecho a tener memoria, el derecho a pelear por un país libre de todo tipo de dictadura, de todo tipo de alteración, de agresiones, de desaparición forzada, de tortura”.
La Comisión de la Verdad fue creada mediante Ley N° 879, de 23 de diciembre de 2016, con el objetivo de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, establecidas como violaciones graves a los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.
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